Este 5 de agosto más de cinco mil jubilados y sus familias, procedentes de 26 estados, se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la devolución de los recursos del apartado de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que, denuncian, han permanecido retenidos por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) durante más de una década. Del contingente nacional, 200 personas son originarias de Nayarit, informó la coordinadora estatal del Movimiento Jubilados Pie de Lucha, Ana María Romero Beltrán.
Demanda y origen del conflicto
El reclamo, según la organización que agrupa a afectados en todo el país, se originó por la interpretación de la jurisprudencia 185/2008, la cual permitió a las AFORES retener o no entregar los recursos correspondientes a ese rubro. Romero Beltrán señaló que, aunque en febrero de 2015 se iniciaron algunas devoluciones o restricciones, el problema persiste y afecta a trabajadores jubilados desde entonces.
“Son ahorros de nuestra vida laboral. Es mentira que queremos doble pensión ni tampoco privilegios. Solamente reclamamos lo que nos corresponde por derecho”
El movimiento nacional agrupa a más de 150 mil trabajadores jubilados afectados, aunque la demanda formal activa sumaría a poco más de cinco mil personas. La coordinadora estatal precisó que, en promedio, cada trabajador tendría un adeudo cercano a los 300 mil pesos, si bien la cifra varía según categoría y antigüedad.
Acciones en la Corte y expectativa
El caso fue listado en la agenda de la SCJN en tres ocasiones durante junio (19, 25 y 29), pero no se emitió resolución. La tensión se mantuvo el 1 de julio, cuando los jubilados presionaron a los ministros mediante mensajes masivos durante una sesión pública; al menos dos ministros solicitaron más tiempo para analizar las pruebas y el proyecto de sentencia quedó pendiente.
Ante esa dilación, las organizaciones decidieron convocar al plantón del 5 de agosto como medida de presión para acelerar una resolución que, según los afectados, es urgente por la naturaleza de los recursos: “ahorros de vida laboral” que en muchos casos representan una parte sustancial de la seguridad económica de las personas mayores.
Impacto en Nayarit
En Nayarit, la movilización reunió a jubilados de distintas localidades; la coordinadora estatal confirmó la asistencia de 200 personas que viajarán a la Ciudad de México para sumarse al contingente nacional. Además de la protesta en la capital, se mantiene la organización local para orientar a otros jubilados sobre trámites y documentación necesaria para integrar solicitudes individuales o colectivas.
- Fecha de la movilización: 5 de agosto.
- Asistentes nacionales estimados: más de 5,000.
- Representación de Nayarit: 200 jubilados.
Qué reclaman y qué pueden esperar los afectados
La demanda principal es la devolución de los recursos del rubro RCAV (Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez) que, según los jubilados, fueron indebidamente retenidos por las AFORES. Reclaman además que la SCJN emita una resolución clara que permita la restitución efectiva y mecanismos para agilizar los pagos pendientes.
| Concepto | Datos citados |
|---|---|
| Jubilados movilizados (nacional) | Más de 5,000 |
| Jubilados de Nayarit | 200 |
| Adeudo promedio por trabajador | Cerca de 300,000 pesos |
Para las personas interesadas en seguir el caso o sumarse a la organización local, el movimiento Pie de Lucha ha servido como punto de referencia para consultas y recopilación de expedientes. La representante estatal también ha señalado la necesidad de que los afectados conserven documentación laboral y de pensión para acreditar montos y antigüedad ante autoridades y, en su caso, la SCJN.
Escenario y próximas semanas
Si la Corte no emite una resolución clara tras el plantón, los jubilados advierten que no descartan otras acciones de protesta o ampliación del contingente. En tanto, la expectativa en Nayarit es que el reclamo nacional obtenga una respuesta judicial que siente precedente para la devolución de recursos a miles de personas jubiladas en el país.
El caso sigue abierto y será determinante para la seguridad económica de numerosos pensionados. Desde la región, las familias de los afectados y las redes de apoyo local se preparan para respaldar la movilización y dar seguimiento a la resolución que en su momento emita la SCJN.
