El Congreso de Veracruz aprobó la declaratoria de procedencia —conocida como desafuero— contra los presidentes municipales de Úrsulo Galván y Ixhuatlán del Sureste, ambos emanados del partido Movimiento Ciudadano. La determinación, adoptada por el Pleno legislativo convertido en Jurado de Procedencia, permite que las autoridades judiciales sigan procesos penales en su contra sin la protección de la inmunidad constitucional.
Votación y trámite
La votación que autorizó la solicitud de la Fiscalía General del Estado contó con mayorías necesarias para proceder. Según el conteo presentado en el debate hubo una votación de 40 sufragios a favor y 8 en contra, en un órgano colegiado integrado por 50 diputados. La Comisión Instructora dictaminó previamente que existían elementos suficientes para surtir la declaratoria de procedencia y elevó el expediente al Pleno.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Integrantes del Congreso | 50 diputados |
| Votos a favor | 40 |
| Votos en contra | 8 |
Acusaciones contra los ediles
Los alcaldes señalados son Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste. A cada uno la Fiscalía les imputa hechos distintos que motivaron la petición de desafuero:
- Bertín Bravo Montero: es señalado por presunta participación en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su chofer Ignacio López, hecho ocurrido en mayo pasado, conforme a la indagatoria presentada ante el Legislativo.
- Raúl González Martínez: las autoridades lo vinculan con la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.
Sesión y postura de los implicados
La sesión del Pleno se realizó a puerta cerrada. En ese contexto, el alcalde de Úrsulo Galván acudió personalmente al Congreso y, frente al procedimiento, aseguró su disposición para responder ante las autoridades. En declaraciones consignadas por medios, afirmó:
“Daré la cara”, dijo el munícipe al presentarse en la sesión, negando su culpabilidad.
El retiro del fuero no equivale a una sentencia: lo que se desprende en esta etapa es la posibilidad de que la Fiscalía continúe con la investigación y, en su caso, solicite medidas cautelares, formulación de imputación y eventual proceso penal.
Repercusiones políticas y comunitarias
La decisión del Congreso coloca a los dos municipios en situación de incertidumbre institucional. En municipios pequeños, la suspensión o separación temporal de un alcalde suele traducirse en ajustes administrativos, cambios en la operación de servicios públicos y tensiones políticas locales. Los expedientes remitidos por la Fiscalía deberán seguir la vía penal y podrían derivar en órdenes de aprehensión, audiencias de control y procesos judiciales.
Para la ciudadanía, estos casos plantean inquietudes en torno a la seguridad, la impunidad y la relación entre autoridades municipales y posibles grupos delictivos. En la región del sureste veracruzano, la atención mediática y social sobre la desaparición de un empresario y el homicidio de una periodista han aumentado la presión sobre las instancias investigadoras, que deberán sustentar sus acusaciones con pruebas suficientes en las próximas etapas procesales.
Qué sigue
Con la declaración de procedencia ya aprobada por el Pleno, la Fiscalía General del Estado podrá continuar con diligencias sin el obstáculo del fuero. Entre los pasos esperables se encuentran:
- Formulación de imputación, si la autoridad ministerial considera tener elementos suficientes.
- Solicitudes de órdenes de aprehensión o citatorios ante un juez.
- Posibles recursos legales de defensa por parte de los alcaldes, que incluyen la presentación de pruebas de descargo y solicitudes de libertad bajo caución, según corresponda.
Este procedimiento será seguido de cerca por la sociedad veracruzana y por los actores políticos locales, ante el impacto que puede tener en la gobernabilidad de los municipios afectados y en la percepción pública sobre la actuación de las autoridades.
La transparencia en la fase que sigue y el respeto a las garantías procesales serán determinantes para que el caso avance con base en el debido proceso y en la búsqueda de verdad y justicia.
