La pornografía y el abuso sexual infantil tienen una presencia creciente en el tejido social de Yucatán, pero la realidad oficial subestima su dimensión porque la mayor parte de las víctimas no obtiene acceso a la justicia. Según el psicoterapeuta Víctor Chan Martín, coordinador de la Red de Protección a las Infancias de Yucatán, en el 90% de los casos de abuso infantil no se presenta una denuncia penal.
Silencio familiar y revictimización
El especialista explicó que, con frecuencia, son los propios familiares quienes evitan denunciar cuando el presunto agresor forma parte del hogar. Ese silencio institucional y privado provoca que la víctima continúe en contacto cotidiano con quien la lastimó, lo que perpetúa un ciclo de revictimización y daño emocional.
En entrevista, Chan Martín subrayó la diferencia entre la existencia estadística de un delito y su visibilidad real: las cifras oficiales quedan lejos de la magnitud del problema cuando la mayoría de los hechos no se reportan ante las autoridades.
“La pornografía es una actividad de producción, divulgación, almacenamiento, venta y posesión de material en el que se usan personas o imágenes en actividades sexuales, sean reales, animadas o simuladas, con el propósito de crear un material erótico sexual insano”
Delitos tipificados, obstáculos para la justicia
La pornografía, en términos generales, no es delito; sin embargo, cuando incluye a menores de 18 años se convierte en una conducta castigada por el Código Penal del Estado. Lo mismo aplica para imágenes fotográficas, audiovisuales o ilustraciones que involucren a niñas, niños o adolescentes.
El entrevistado advirtió que la presencia del componente infantil en material pornográfico transforma la conducta en ilícita y dañina. Aun así, la ruta penal no se activa en la mayoría de los casos, lo que deja a las víctimas sin medidas de protección adecuadas ni reparación.
Casos recientes y antecedentes documentados
En lo que va de 2026, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con la producción, almacenamiento y venta de pornografía infantil en Yucatán: un extranjero y dos nacionales, según el recuento de Chan Martín. Estos hechos se suman a varios episodios que han trascendido en años anteriores.
| Año | Tipo de caso |
|---|---|
| 2024 | Caso relacionado con un maestro de danza |
| 2022 | Caso vinculado a un fotógrafo |
| 2016 | Caso con un padre de familia |
| 2009 | Dos hermanos acusados de tomar imágenes a menores |
Además, en meses recientes se registró la detención de una persona en la entidad por producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico que involucró a menores yucatecos; en ese contexto se mencionó un caso relacionado con un vecino de Kanasín, aunque la nota original no detalla el procedimiento.
Impacto social y recomendaciones
El problema que describe Chan Martín no es exclusivamente jurídico: tiene consecuencias profundas en la salud mental y el desarrollo de las víctimas. La permanencia del agresor en el entorno inmediato de la niña, niño o adolescente dificulta la recuperación y expone a la familia y la comunidad a dilemas culturales y de protección.
Para enfrentar esta realidad, especialistas y organizaciones de protección infantil suelen recomendar medidas que incluyen:
- Promover canales seguros y confidenciales para la denuncia.
- Capacitar a profesionales de salud, educación y servicios sociales para detectar señales de abuso.
- Fortalecer programas de atención psicológica y apoyo a víctimas y familias.
- Incrementar campañas de prevención en comunidades y escuelas, adaptadas a contextos culturales locales.
Estas medidas requieren coordinación entre autoridades, sociedad civil y comunidades locales, y deben implementarse con sensibilidad cultural en una región que conserva memoria histórica y estructuras familiares particulares.
Una responsabilidad colectiva
La ausencia de denuncia no borra la existencia del daño. En palabras del coordinador de la Red de Protección a las Infancias de Yucatán, la invisibilidad de muchos casos obliga a considerar políticas públicas que acompañen a las familias y garanticen que las víctimas no queden expuestas al agresor. Para una sociedad que se reconoce en su historia y sus lazos comunitarios, el reto es construir mecanismos que prioricen la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes por encima del silencio protector.
