Una auditoría al ejercicio presupuestal 2025 detectó la adjudicación directa de un contrato por 10 millones 150 mil pesos a favor de una proveedora identificada como María del Carmen Alvarado Ayub, persona que mantiene una relación cercana con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. El monto aparece consignado en el pliego de observaciones y recomendaciones no solventadas emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Servicios contratados y artistas involucrados
El contrato, según el acta de observaciones, contempla la contratación de espectáculos musicales vinculados a los actos por el medio milenio de la fundación de Tlaxcala. Entre los artistas que forman parte del programa contratado se mencionan: Carlos Cuevas y Aranza; La Banda Cusillo; Jessi & Joy; Kika Edgar; La Sonora Santanera; y el agrupamiento denominado Despechadas (María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres).
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Proveedor | María del Carmen Alvarado Ayub |
| Monto | $10,150,000 |
| Objeto | Presentación de espectáculos musicales por los 500 años de la fundación de Tlaxcala |
Vínculos entre la contratación y el DIF estatal
En el mismo documento de hallazgos se consigna que la cantante conocida artísticamente como Arianna de México es compositora del tema oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, titulado
"Si tú me quieres", y que la figura de María del Carmen Alvarado Ayub aparece registrada en el padrón como proveedora dedicada a la prestación de espectáculos artísticos y servicios similares.
El OFS incluyó este expediente dentro de un conjunto de ocho contratos ejecutados mediante adjudicación directa “por excepción a la licitación pública”, cuya suma acumulada asciende a 45 millones 491 mil 205.36 pesos. El seguimiento y la solventación de estas observaciones permanecen pendientes, según el pliego al que tuvo acceso este medio.
Transparencia y procedimiento de adjudicación
Los documentos oficiales indican que los ocho expedientes fueron tramitados sin convocatoria pública, utilizando la figura de adjudicación directa por excepción. Ese mecanismo está regulado para casos específicos, pero su uso recurrente suele generar cuestionamientos sobre la oportunidad y competitividad del proceso, así como sobre el manejo de recursos públicos en celebraciones conmemorativas.
La identificación de una persona con lazos personales con la titular del Ejecutivo estatal como beneficiaria de contratos millonarios abre interrogantes sobre la separación entre la vida privada y la contratación gubernamental, un tema que exige aclaraciones formales por parte de las autoridades responsables de la Oficialía Mayor y del propio DIF estatal.
Contexto y datos que aporta la auditoría
El pliego de observaciones detalla que los servicios para los eventos incluyeron la presentación de varias agrupaciones y artistas de renombre. Además del monto individual ya consignado, el informe ofrece una cifra global de contrataciones por adjudicación directa en ese ejercicio fiscal que supera los 45 millones de pesos, distribuidos entre distintos proveedores.
- Contrato individual detectado: $10,150,000.
- Cifra total de expedientes por adjudicación directa en el mismo periodo: $45,491,205.36.
- Actividad económica registrada del proveedor: proveedores de espectáculos artísticos, deportivos y similares.
Implicaciones locales y solicitudes pendientes
Para la ciudadanía y los organismos de vigilancia, estas observaciones representan una demanda de mayor claridad en el uso de fondos públicos destinados a celebraciones patrimoniales y de difusión cultural. La auditoría plantea la obligación de justificar la excepción a la licitación pública y de demostrar que la contratación cumplió con criterios de eficiencia, legalidad y economía.
Hasta el cierre de esta nota, en los documentos consultados no se registraba la presentación de respuestas o solventaciones efectivas por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno ni del DIF estatal frente a las recomendaciones emitidas por el OFS. La persistencia de irregularidades en las observaciones daría pie a requerimientos administrativos adicionales o a posibles sanciones, según el procedimiento fiscalizador.
La relación entre personajes del ámbito cultural y los espacios oficiales —cuando involucra asignaciones millonarias— exige claridad documental y transparencia en las contrataciones. La auditoría del OFS actúa en este caso como un primer eslabón público para exigir esas explicaciones.
Continuaremos la cobertura para dar cuenta de las respuestas oficiales y de cualquier acción posterior derivada de las recomendaciones no solventadas.
