Aprobación en Cabildo y cuestionamientos por procedimiento
En sesión extraordinaria realizada a las 13:00 horas de este jueves, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría el dictamen de vocacionamiento y trazo para el Fraccionamiento Infonavit Las Terrazas, parte del programa federal Viviendas del Bienestar. El proyecto contempla la edificación de 1,480 unidades habitacionales en una superficie de 82,087.50 metros cuadrados, aunque autoridades y regidores reconocieron que ya existen alrededor de 500 departamentos levantados.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas a cargo de la regidora del Movimiento de Regeneración Nacional, Alina Quintero Morales, y fue aprobado con 11 votos a favor y una abstención. La regidora indicó que se cuenta con documentación como planos de vocacionamiento, curva de nivel y rasantes, cartas de uso de suelo emitida por la Dirección de Planeación y Desarrollo Sustentable, además de cartas de factibilidad de agua potable y drenaje otorgadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.
Críticas por regularizar obras ya avanzadas
La aprobación en el pleno no estuvo exenta de cuestionamientos. La regidora priista Maribel Chollet Morán sostuvo que, aunque el dictamen habla de una obra que "se va a construir", en los hechos el fraccionamiento ya está construido o con avances importantes. Señaló la necesidad de que quede constancia en actas de que el procedimiento se sometió fuera de tiempo y de advertir que esta práctica se ha vuelto recurrente.
“Este es un fraccionamiento que debió haberse aprobado antes de que se iniciara su construcción… Hasta el día hoy, a unos cuantos días de hacerse entrega de estas viviendas, no cabe la palabra se construirá. Ya está construido.”
El regidor del PAN, Felipe Parada Valdivia, explicó que el Reglamento de Construcción permite a los desarrolladores iniciar obras una vez presentadas las solicitudes correspondientes y mientras tramitan los demás permisos, situación que, dijo, explica por qué en varios casos la autorización del Cabildo llega cuando las obras ya registran un avance significativo o están concluidas. Parada calificó esa práctica como un "mal hábito" de la administración.
Documentación y factibilidades presentadas
Durante la sesión la Comisión presentó una relación de documentos que respaldan la solicitud de autorización municipal. Entre los documentos mencionados se encuentran:
- Planos de vocacionamiento y trazo.
- Curvas de nivel y rasantes.
- Carta de uso de suelo expedida por la Dirección de Planeación y Desarrollo Sustentable.
- Cartas de factibilidad de agua potable y drenaje de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.
El dictamen fue leído íntegramente en la sesión —acto atípico, según explicó la regidora que lo presentó— y la mayoría de los integrantes del Cabildo consideró que la documentación confería la certeza técnica y jurídica necesaria para otorgar la autorización municipal al trazo y vocacionamiento del fraccionamiento.
Implicaciones locales y próximas acciones
La regularización permitirá avanzar en la entrega y operación formal de las viviendas que forman parte del programa federal. No obstante, las advertencias de regidores de oposición ponen en el centro del debate la necesidad de revisar procesos administrativos locales para evitar que el avance de obras preceda a la autorización formal del Cabildo.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Unidades contempladas | 1,480 |
| Unidades ya construidas (aprox.) | 500 |
| Superficie | 82,087.50 m2 |
| Votación en Cabildo | 11 a favor, 1 abstención |
En las próximas semanas corresponderá a las autoridades municipales dar seguimiento a los trámites administrativos y a las instancias estatales y federales supervisar que las obras cumplan con las especificaciones y las condiciones de habitabilidad y servicio. Asimismo, el señalamiento de que la obra se ejecutó antes de la autorización obliga a plantear revisiones técnicas y administrativas para transparentar procesos en futuros desarrollos habitacionales en Mazatlán.
La decisión del Cabildo muestra la tensión entre la urgencia de ampliar la oferta de vivienda y la necesidad de garantizar procedimientos ordenados y apegados a la normativa local, una prioridad para garantizar servicios públicos y seguridad jurídica a las familias que ocuparán las viviendas.
