En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas legales que regulan el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los centros educativos de la entidad. Las modificaciones, avaladas por la mayoría de los legisladores, buscan restringir su empleo en horario escolar a actividades con fines pedagógicos o a situaciones que constituyan una emergencia, siempre bajo la autorización y supervisión del personal directivo o docente.
Votación y alcance de la reforma
La iniciativa fue aprobada por la LXV Legislatura con 35 votos a favor, según el dictamen que se presentó en el pleno. Las enmiendas se incorporan a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y su alcance abarca desde la educación básica hasta los niveles de educación superior en la entidad.
De acuerdo con lo aprobado, los planteles deberán limitar el uso de dispositivos electrónicos durante los horarios escolares a:
- Actividades educativas o didácticas debidamente autorizadas.
- Situaciones de emergencia que requieran comunicación inmediata.
- Actividades que cuenten con supervisión explícita de docentes o directivos.
Protocolos y campañas de orientación
Las disposiciones incluyen la obligación de elaborar protocolos para el uso responsable de estas herramientas y la implementación de campañas de orientación y sensibilización dirigidas a estudiantes, padres de familia, personas tutoras y al personal educativo de los planteles escolares. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología fue señalada como la instancia que analizó las propuestas presentadas por legisladores y ciudadanos, lo que, según el dictamen, permitió construir un consenso en torno a la medida.
Las campañas tendrán como objetivo informar sobre los criterios y límites del uso de dispositivos en el aula, así como promover prácticas que prioricen la convivencia escolar y la atención plena al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Justificación legislativa
Durante los trabajos legislativos se argumentó que la reforma responde a una realidad cotidiana en la que cada vez es más frecuente el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas. Los legisladores que impulsaron las modificaciones plantearon la necesidad de equilibrar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con la protección del derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad en espacios libres de distracciones.
El dictamen subraya que la intervención del Estado debe garantizar que la tecnología sea un instrumento pedagógico y no una fuente de interrupciones o riesgos para el aprendizaje y la convivencia escolar.
Implicaciones para directivos, docentes y familias
Con la entrada en vigor de las reformas, las autoridades educativas de plantel serán responsables de aplicar y supervisar los protocolos; además, se indica que padres y tutores deberán participar en las campañas informativas para conocer los alcances y límites del uso de dispositivos por parte de los estudiantes.
| Aspecto | Disposición aprobada |
|---|---|
| Ámbito | Educación básica a superior |
| Uso permitido | Actividades pedagógicas autorizadas y emergencias |
| Supervisión | Docentes y directores |
| Medidas complementarias | Protocolos y campañas de orientación |
Observaciones y siguientes pasos
El dictamen señala que la Comisión encargada analizó iniciativas tanto de legisladores como de ciudadanos, lo que permitió perfilar las reformas desde una perspectiva educativa y de derechos humanos. No obstante, la implementación efectiva dependerá de los lineamientos que las autoridades educativas locales y los propios planteles definan para operacionalizar los protocolos aprobados.
Queda por definir el calendario y las modalidades de las campañas de sensibilización, así como los criterios concretos que aplicarán las escuelas para autorizar usos pedagógicos específicos. También será relevante el acompañamiento y la comunicación entre autoridades educativas y familias para evitar confusiones y garantizar que las medidas prioricen el interés superior del estudiante.
La reforma representa un paso normativo en la búsqueda de un equilibrio entre la incorporación de tecnologías en la educación y la protección del derecho a un ambiente escolar propicio para el aprendizaje.
