El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó en sesión extraordinaria la derogación de la reforma conocida públicamente como “Ley Serrano”, que había incorporado al Código Penal local conductas vinculadas al uso de herramientas de inteligencia artificial. La iniciativa, aprobada originalmente el 14 de noviembre de 2025, generó desde su promulgación críticas de organizaciones de derechos digitales, periodistas y especialistas por su alcance y por el riesgo de interpretar de forma discrecional conceptos legales.
Antecedentes y alcance de la reforma
La modificación legislativa introdujo los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter al Código Penal estatal. Entre las conductas que intentaban sancionarse figuraban la utilización no autorizada de imagen o voz, la suplantación de identidad mediante herramientas digitales y la difusión dolosa de desinformación empleando tecnologías como la inteligencia artificial. La amplitud de los términos definidos en esos numerales fue el principal punto de cuestionamiento.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 14 de noviembre de 2025 | Aprobación original de la reforma conocida como "Ley Serrano" |
| Sesión extraordinaria, julio 2026 | Derogación de la reforma por el Congreso de SLP |
Reacciones y preocupaciones
Organizaciones civiles, colectivos de periodistas y especialistas en derechos digitales señalararon que los artículos presentaban conceptos vagos y que una redacción amplia podría facilitar interpretaciones discrecionales por parte de autoridades, afectando el ejercicio periodístico y la circulación de información pública. En su momento, esas agrupaciones advirtieron que la ley podía convertirse en una herramienta para perseguir críticas o investigaciones mediáticas.
Durante el tiempo que permaneció vigente, la reforma ya había dado pie a investigaciones y, según reportes públicos, se realizaron detenciones vinculadas con el uso de inteligencia artificial, lo que alimentó la controversia y la demanda de revisión legislativa.
El promotor y las acciones derivadas
La reforma fue impulsada por el entonces diputado local Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que la norma adquirió el sobrenombre de “Ley Serrano”. Al presentar la iniciativa en 2025, el legislador sostuvo la necesidad de contar con herramientas legales para sancionar conductas como la suplantación de identidad y la creación de deepfakes. Durante la vigencia de la norma, el propio legislador promovió denuncias contra periodistas y directivos de medios locales utilizando ese marco legal, un hecho que fue citado por organizaciones civiles como ejemplo de los riesgos que la norma implicaba para la libertad de expresión.
Críticas de especialistas
Analistas en materia de libertades digitales han reiterado que cualquier normativa dirigida a contrarrestar la desinformación y los riesgos tecnológicos debe ser precisa en sus definiciones y contar con controles que impidan su uso político o persecutorio. En el caso potosino, la delimitación amplia de conductas generó inquietud sobre la protección de la labor periodística, así como sobre garantías procesales para personas investigadas.
Qué cambia para la ciudadanía
Con la derogación, el Código Penal local queda sin las tipificaciones introducidas en noviembre de 2025 que criminalizaban ciertas conductas relacionadas con inteligencia artificial. En la práctica, esto implica:
- Suspensión de las investigaciones iniciadas exclusivamente con base en esos artículos mientras se determine su marco jurídico aplicable.
- Reducción del riesgo de que acciones de prensa y producción de contenido digital sean interpretadas como delitos por la sola utilización de herramientas tecnológicas.
- Reapertura de la discusión legislativa y técnica sobre cómo regular daños digitales sin afectar derechos fundamentales.
Perspectivas y próximos pasos
La derogación abre la puerta a un debate más amplio entre legisladores, académicos, colectivos de derechos digitales y prensa sobre la necesidad de normativas que respondan a los desafíos tecnológicos sin menoscabar libertades. Se espera que en el corto y mediano plazo se propongan iniciativas alternativas que contemplen definiciones precisas, salvaguardas procesales y mecanismos de transparencia.
Mientras tanto, organizaciones civiles y medios locales han reclamado mayor participación ciudadana y técnica en cualquier reforma que pretenda regular el uso de inteligencia artificial y su relación con el derecho a la información.
El tema seguirá siendo un punto central en la agenda pública de San Luis Potosí por su impacto en la convivencia democrática, la libertad de prensa y el uso responsable de tecnologías emergentes.
