La familia de una beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores presentó una denuncia por el retiro irregular y continuado de los apoyos monetarios, que según los estados de cuenta se realizaron en cajeros automáticos de Xalapa, Veracruz, pese a que la mujer vive en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El caso puso sobre la mesa la vulnerabilidad de las personas postradas y la posibilidad de una filtración de información dentro de los canales de entrega del programa.
Antecedentes y hallazgos bancarios
La afectada es una mujer de 77 años que se encuentra postrada desde hace varios años y, por su condición, no puede acudir a sucursales bancarias. Su hija y apoderada legal, Esmeralda del Río, relató que la serie de retiros injustificados comenzó tras la renovación de la tarjeta bancaria por vencimiento, el 11 de agosto de 2025. A partir de ese momento, los depósitos desaparecían casi de inmediato.
Al revisar los estados de cuenta y la aplicación bancaria, la familia detectó que las operaciones de retiro se registraban en cajeros de otra entidad. La información, que incluye fecha, hora y el cajero específico, fue presentada como evidencia por la hija, quien considera que esos datos permiten la identificación de los responsables mediante las cámaras de videovigilancia de los cajeros.
“Cuando nos entregan la que ya está vigente empieza toda esta situación”,
dijo Esmeralda del Río en declaraciones recogidas en medios nacionales. También señaló que la app muestra el cajero exacto donde se hizo cada retiro: “cuando acudí a que me dieran el estado de cuenta, ahí queda la evidencia, hay hora, hay fecha y los lugares donde han hecho los retiros”.
Sospecha de filtración y señalamiento a personal de Bienestar
La hija de la beneficiaria formuló además una acusación sobre el conocimiento del estatus de vulnerabilidad de su madre por parte de quienes entregan los apoyos. Según relató, los Servidores de la Nación registran a su madre como persona en condición de postración cada vez que visitan su domicilio, lo que, a juicio de la familia, implicaría que quien realiza los retiros sabe que la titular no puede gestionar aclaraciones con facilidad.
Esmeralda dijo explícitamente que tiene la sospecha de que alguien vinculado al programa Bienestar podría estar involucrado, dado el acceso a la información y la programación de las entregas. Hasta el momento, la familia no ha recuperado los recursos sustraídos pese a contar con un poder notarial que le permite disponer legalmente de los fondos.
Datos clave del caso
| Concepto | Información disponible |
|---|---|
| Edad de la beneficiaria | 77 años |
| Residencia | San Nicolás de los Garza, Nuevo León |
| Inicio de retiros | 11 de agosto de 2025 (tras renovación de tarjeta) |
| Ubicación de los retiros | Xalapa, Veracruz (cajeros automáticos) |
Implicaciones y pasos pendientes
El caso plantea dudas sobre la protección de datos personales de los beneficiarios y sobre los controles en la entrega de apoyos sociales. Ante la imposibilidad de que la titular gestione directamente la aclaración por su condición de salud, la familia confía en que las imágenes de videovigilancia de los cajeros y los registros bancarios permitan ubicar a los responsables.
Según lo expuesto por la apoderada, las instituciones involucradas que podrían intervenir son la propia Secretaría de Bienestar, la institución bancaria que emitió la tarjeta y las autoridades competentes para investigar fraudes bancarios y posibles filtraciones de información.
- Verificar periódicamente los estados de cuenta y la aplicación bancaria.
- Registrar ante el banco cualquier operación no reconocida y solicitar bloqueo inmediato de la tarjeta.
- Presentar denuncia ante la Fiscalía correspondiente por el presunto fraude y exigir acceso a las grabaciones de videovigilancia de los cajeros donde aparecen los retiros.
La familia ha recurrido ya a la documentación bancaria como prueba, pero hasta el cierre de esta nota no se informó públicamente de avances en la recuperación de los recursos ni de una línea de investigación formal por parte de las autoridades federales o locales. El caso subraya la necesidad de reforzar mecanismos de protección para quienes reciben apoyos sociales y carecen de capacidad para realizar reclamaciones presenciales.
La denuncia también abre la discusión sobre controles internos en los programas de entrega de recursos y el acceso a la información de los funcionarios que participan en las visitas domiciliarias. Para las familias de personas en condición de postración, la capacidad de verificar y defender sus derechos depende en gran medida de la transparencia y coordinación entre bancos y autoridades del bienestar social.
