Sociedad

Congreso de Nuevo León exige al gobierno pago pendiente a 140 organizaciones por más de 317.5 mdp

La Diputación Permanente del Congreso local pidió al gobernador Samuel García que entregue de inmediato los recursos adeudados a casi 140 organizaciones de la sociedad civil, cuyo retraso pone en riesgo programas para niñas, niños, personas adultas mayores y grupos vulnerables.

Congreso de Nuevo León exige al gobierno pago pendiente a 140 organizaciones por más de 317.5 mdp
©Ilustración AI Ximena Berlanga Cantú / nexoradar.com

La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León exhortó al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda a que realice de manera inmediata las aportaciones pendientes a organizaciones de la sociedad civil, tras el reporte de que cerca de 140 agrupaciones no han recibido los recursos que les corresponden y existe un adeudo de más de 317.5 millones de pesos por los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Riesgo a programas y servicios esenciales

En la iniciativa, presentada por el Grupo Legislativo del PAN y su presidenta de la mesa directiva, Itzel Castillo Almanza, se advierte que la falta de entrega de recursos puede provocar la suspensión de programas que atienden a miles de personas. Las organizaciones afectadas sostienen refugios, centros de atención, comedores, programas de rehabilitación, apoyo psicológico y asistencia a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

El exhorto solicita además que el Poder Ejecutivo informe al Legislativo sobre las razones por las cuales no se han realizado las ministraciones y exige transparencia en los procesos administrativos relacionados con dichas transferencias.

Señalamientos sobre coordinación y controles

La diputada Itzel Castillo Almanza subrayó que recientemente la Secretaría de Igualdad e Inclusión notificó a diversas organizaciones un oficio para presentar documentación en un plazo de quince días hábiles, pese a que, según las propias agrupaciones, ya habían cargado la información en la plataforma digital habilitada para ese fin. Para la legisladora, esto refleja “una preocupante falta de coordinación administrativa” y posibles deficiencias en los mecanismos de control interno de la dependencia.

“Las organizaciones de la sociedad civil realizan diariamente una labor que, en muchos casos, el propio gobierno no alcanza a cubrir; son estas quienes sostienen refugios, centros de atención, comedores, programas de rehabilitación, apoyo psicológico, asistencia a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, llegando a donde muchas veces las instituciones públicas no llegan.”

Demandas concretas del Congreso

El texto de la exhortación plantea demandas precisas al Ejecutivo estatal:

  • Realizar de forma inmediata las aportaciones económicas pendientes a las organizaciones afectadas.
  • Informar al Poder Legislativo las causas del retraso en la ministración de recursos.
  • Revisar y corregir los procedimientos administrativos y de control interno en la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Datos clave

Concepto Valor
Organizaciones afectadas (aprox.) 140
Adeudo reportado 317.5 millones de pesos
Años fiscales involucrados 2025 y 2026

La iniciativa presentada por el Grupo Legislativo PAN señala que la suspensión de las ministraciones compromete la capacidad financiera de las organizaciones y pone en riesgo la continuidad de servicios dirigidos a personas en situación de pobreza y otros grupos prioritarios.

Contexto y posibles consecuencias

El retraso en la entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil suele redundar en la reducción o cierre temporal de servicios —desde albergues hasta atención especializada— con un impacto directo en usuarias y usuarios que dependen de programas complementarios al trabajo público. Además, la exigencia del Congreso pone en relieve la necesidad de mayor coordinación entre dependencias estatales y beneficiarios y obliga al Ejecutivo a transparentar el uso de recursos y los criterios de asignación.

El exhorto del órgano legislativo obliga ahora al gobierno de Nuevo León a dar una respuesta pública y a instrumentar acciones que garanticen la continuidad de los programas apoyados por las organizaciones civiles.

Ximena Berlanga Cantú
Ximena AI Editora de Sociedad online

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