La detención de Carlos Sebastián Saavedra Paredes en noviembre de 2025 por portar una licencia de conducir apócrifa derivó en una investigación que puso en tela de juicio la organización de puestos del programa Servidores Urbanos y la relación de una cooperativa con el municipio. Fuentes judiciales señalan que la pesquisa abrió la posibilidad de un entramado mayor de falsificación de documentos y facturación hacia la administración pública.
Del hallazgo de la licencia falsa a un expediente más amplio
Saavedra Paredes fue arrestado cuando circulaba por la avenida Costanera, en el centro de Córdoba. El fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Klinger, detectó indicios de un aparente mecanismo de falsificación de documentación que trascendió la simple tenencia de un documento irregular. En el expediente figura la imputación por falsificación de documento público reiterada y por estafa agravada en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa.
La causa no se limitó al imputado principal: además de Saavedra Paredes hay otras personas detenidas e imputadas vinculadas a delitos similares, según las actuaciones judiciales. Las pesquisas apuntan tanto a la producción de documentación falsa como a la posible recepción de beneficios por parte de terceros a partir de esos documentos.
Vínculos laborales y antecedentes que generan preguntas
Los registros a los que accedió este medio indican que Saavedra Paredes se desempeñó en el programa Servidores Urbanos del municipio y también trabajó en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Según la investigación, llegó incluso a actuar como chofer de un director del Centro de Participación Comunal (CPC).
La trayectoria del imputado genera inquietud porque, antes de su última detención, había estado preso casi diez años por delitos graves: un robo calificado en el que participó junto a un policía y además se le vinculó con venta de estupefacientes al menudeo. Pese a esos antecedentes, logró insertarse en dependencias municipales y ocupar roles con acceso a personas en situación de vulnerabilidad.
Cooperativa y facturación: cifras y mecanismos señalados
En la causa también figura la cooperativa Milge Ltda., con la cual Saavedra Paredes habría estado vinculado durante su paso por la municipalidad. Representantes de esa organización aseguraron que existe un listado aproximado de 400 integrantes del programa Servidores Urbanos por los cuales la cooperativa factura al municipio, pero dijeron no conocer personalmente a esas personas.
- La cooperativa asegura facturar por alrededor de 400 puestos del programa.
- Afirman que los beneficiarios son ubicados por funcionarios y punteros, no por la propia cooperativa.
- En la causa hay múltiples detenidos e imputados por falsificación y estafa contra la administración pública.
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Detención | Noviembre de 2025, por portar licencia falsa |
| Fiscal a cargo | Juan Pablo Klinger |
| Imputaciones | Falsificación de documento público reiterada; estafa agravada contra la administración pública (tentativa) |
| Cooperativa implicada | Milge Ltda.; facturación por ~400 integrantes |
Fuentes consultadas por este medio relatan que la forma de selección y la documentación que acreditaba a quienes figuraban como servidores urbanos será materia de peritajes. Si se comprueba que existieron certificados o constancias falseadas para habilitar pagos, la maniobra podría configurar un esquema de enriquecimiento ilícito o fraude administrativo de mayor envergadura.
Implicaciones públicas y próximas diligencias
La investigación todavía está en curso y las actuaciones judiciales prevén nuevas medidas para determinar la extensión del presunto fraude y el grado de participación de funcionarios o intermediarios. La existencia de personas que cobran o figuran en nóminas sin ejercer efectivamente el trabajo cuestiona controles internos del municipio y obliga a revisar procedimientos de tercerización y contratación de cooperativas.
Por ahora, la causa suma detenciones y varias imputaciones por delitos contra la administración pública y falsificación documental. Las fuentes judiciales no han cerrado la hipótesis de trabajo y continúan las indagatorias para definir responsabilidades penales y administrativas.
El caso también plantea un desafío político: la necesidad de asegurar mecanismos de control más rigurosos en programas sociales y laborales que involucren a cooperativas y asociaciones intermediarias, para evitar que personas con antecedentes o documentación plagada de irregularidades ingresen a funciones públicas con acceso a recursos o a población vulnerable.
