La promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) representa un avance importante en la política ambiental mexicana, pero su eficacia dependerá de la calidad del Reglamento que la desarrolle, advirtió COPARMEX en un artículo de opinión firmado por Miguel Ángel Moreno, consejero delegado de Economía Circular de la organización.
Reglamento: requisito para la operatividad
En el análisis publicado por COPARMEX se subraya que la Ley, por sí sola, es apenas un punto de partida. Para que los objetivos de circularidad, trazabilidad de residuos y responsabilidad extendida del productor (REP) se concreten en resultados reales será necesario un Reglamento técnica, económica y ambientalmente viable que ofrezca seguridad jurídica y evite cargas administrativas innecesarias a los sujetos regulados.
El artículo advierte sobre riesgos de implementación dispersa si no existe coordinación normativa. En concreto, se plantea la necesidad de homologar definiciones y alinearlas con la normativa vigente en materia de residuos para impedir contradicciones que frenen la operatividad del nuevo marco legal.
Responsabilidad extendida del productor y acuerdos sectoriales
COPARMEX enfatiza que la puesta en marcha de la REP a través de los Acuerdos Generales de Implementación demandará el compromiso tanto del sector productivo como del Gobierno federal. Para que estos acuerdos funcionen, afirma el artículo, será imprescindible definir métricas realistas y adaptadas a las particularidades logísticas y económicas de cada sector, así como a la disparidad en infraestructura entre regiones del país.
Entre los elementos clave que el análisis identifica como necesarios para un Reglamento operativo están:
- Homologación de definiciones y criterios con la normativa existente en residuos.
- Métricas técnicas y económicas realistas por sector.
- Mecanismos para facilitar la implementación territorial considerando la infraestructura regional.
"La promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) representa uno de los cambios más relevantes de la política ambiental mexicana de los últimos años"
Reciclaje inclusivo y reconocimiento social
El artículo de COPARMEX valora positivamente que la Ley promueva el reciclaje inclusivo, al considerar la incorporación y fortalecimiento de este sector social mediante instrumentos administrativos. Señala que este enfoque responde a compromisos pendientes y está alineado con el llamado a un modelo de desarrollo inclusivo.
Sin embargo, advierte que el Reglamento deberá articular mecanismos viables que reconozcan y protejan a los actores del reciclaje inclusivo dentro de las nuevas obligaciones y esquemas de responsabilidad extendida, de manera que no queden en desventaja frente a los sujetos obligados ni se generen barreras administrativas que limiten su participación.
Desafíos y próximos pasos
El documento de COPARMEX plantea que los principales desafíos para el éxito del Reglamento son de naturaleza técnica, normativa y de gobernanza. Entre ellos destaca:
- Evitar una implementación fragmentada que provoque inseguridad jurídica.
- Concretar métricas realistas para la REP y los acuerdos sectoriales.
- Diseñar instrumentos administrativos que fortalezcan al reciclaje inclusivo.
La organización insiste en que la coordinación entre autoridades y privados será determinante en la fase reglamentaria. Enfatiza que, sin un Reglamento claro y coherente con la legislación vigente, los objetivos de la LGEC —trazabilidad de residuos, circularidad y responsabilidad del productor— corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones.
El debate sobre el contenido del Reglamento y los Acuerdos Generales de Implementación será clave en los próximos meses, pues de su redacción y aplicación dependerá la eficacia práctica de la nueva política de economía circular en México.
