El diputado del Partido Acción Nacional, José Luis Santos Martínez, presentó ante la oficialía de partes del Congreso del Estado de Nuevo León dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar acompañamiento moral y económico a las familias que enfrentan el fallecimiento de un pariente y a agilizar los trámites administrativos vinculados con la defunción.
Qué modificaciones plantea
Las iniciativas proponen cambios en dos ordenamientos:
- La reforma del Artículo 118 del Código Civil del Estado de Nuevo León.
- La reforma de la Fracción XVI del artículo 10 y la adición de un artículo 10 Bis 2 a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León.
Con estas reformas, el legislador busca formalizar la obligación del Estado —a través del DIF estatal— de respaldar a las familias que se encuentran en situación económica difícil, brindándoles apoyo para cubrir servicios funerarios básicos y apoyo emocional en el proceso de duelo.
Plazos y facilitación de trámites
Una de las propuestas más concretas y operativas es la reducción del tiempo que el Estado tiene para expedir el acta de defunción. Actualmente, el Código Civil establece un plazo de hasta siete días para entregar dicho documento; la iniciativa propone que el plazo se reduzca a 24 horas, con el argumento de que las demoras actuales generan cargas adicionales a las familias en duelo.
También se propone ampliar quiénes pueden realizar el trámite de la acta de defunción. En la regulación vigente, si fallece el padre o la madre, los hijos son quienes pueden hacer dicho trámite. La iniciativa plantea permitir que personas allegadas —amigos, vecinos o quien cuente con una carta poder simple— puedan gestionar el documento, de modo que los familiares directos puedan dedicarse al acompañamiento familiar y a las labores emocionales del duelo.
“Hoy en día en el Código Civil manifiestan que hacer tu el trámite de tu acta de defunción tiene el Estado hasta siete días para entregarte tu acta de defunción, nosotros queremos que sean 24 horas... y también hoy en día si fallece papá o mamá los hijos son quiénes pueden hacer el trámite de la acta de defunción, ¿qué queremos? que el allegado a la familia pueda hacer el trámite.”
Origen ciudadano y demandas sociales
El diputado explicó que las iniciativas nacen de demandas y experiencias compartidas por ciudadanos que han enfrentado demoras considerables al tramitar documentos de defunción, incluso describiendo esperas de “cuatro o cinco horas” y el posterior retraso en la entrega del acta. Según Santos, la acumulación de tiempos y trámites implica una carga adicional para familias que, además de afrontar el duelo, deben cubrir costos y procedimientos que el Estado podría aliviar.
Implicaciones y pasos siguientes
Las iniciativas deberán seguir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso del Estado: turnos a comisiones, análisis jurídico y posiblemente debate en el pleno antes de cualquier aprobación. Entre las consecuencias prácticas que buscan los cambios se encuentran:
- Reducción de la burocracia y de los tiempos de espera para obtener el acta de defunción.
- Facilitación de la gestión del trámite por terceros mediante una carta poder simple.
- Asignación de responsabilidad y presupuesto al DIF estatal para ofrecer servicios funerarios básicos y apoyo económico a familias en situación de vulnerabilidad.
| Elemento | Cambio propuesto |
|---|---|
| Plazo para acta de defunción | De hasta 7 días a 24 horas |
| Quien puede tramitar acta | Permitir a allegados con carta poder simple (no solo hijos) |
| Responsabilidad institucional | Obligación del DIF para apoyar con servicios funerarios básicos |
Si las reformas avanzan, el debate legislativo deberá abordar además el aspecto presupuestal: la iniciativa reconoce que será necesario asignar recursos para que el DIF pueda cumplir con la entrega de apoyo funerario a “cientos, miles de familias” que, según el legislador, no están preparadas para afrontar estos gastos.
Las propuestas de Santos Martínez, planteadas como respuesta a quejas ciudadanas sobre demoras y costos, abren una discusión más amplia sobre la atención estatal en situaciones de duelo y la simplificación de trámites civiles para reducir la carga administrativa sobre familias en vulnerabilidad.
