El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva dirigida a impedir lo que la Casa Blanca describe como el llamado “turismo de nacimiento”, la práctica por la cual mujeres extranjeras viajan a territorio estadounidense para dar a luz y que el recién nacido obtenga la ciudadanía por nacimiento.
Contexto legal y reciente decisión del Tribunal Supremo
La firma se produce poco más de un mes después de que la Corte Suprema invalidara un decreto anterior que pretendía eliminar el derecho al lugar de nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular. Ese fallo, fechado a fines de junio, dejó sin efecto una iniciativa previa del Ejecutivo que buscaba restringir el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución, texto aprobado tras la Guerra de Secesión que reconoce la ciudadanía a quienes nazcan en territorio estadounidense salvo excepciones muy concretas.
Objetivos e instrumentos del nuevo decreto
Durante la firma en el Despacho Oval, el presidente aseguró que la nueva orden representa un “ajuste” a la doctrina constitucional y anunció que el gobierno pondrá énfasis en medidas dirigidas a desarticular redes que, según él, organizan viajes con el único propósito de tener hijos en Estados Unidos.
“Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento”
En la explicación oficial se indicó que la orden contempla, entre otras cosas, un mayor rechazo de visados en consulados cuando exista motivo fundado para creer que el solicitante viaja con la intención de dar a luz en territorio estadounidense. El gobierno también dijo que buscará sancionar a quienes organicen dichas prácticas.
Implicaciones numéricas y prácticas consulares
El texto difundido por medios cita que la medida habría afectado a cerca de 255,000 niños por año, cifra que el Ejecutivo utilizó para justificar la urgencia de la intervención administrativa. Cabe recordar que, conforme a la normativa vigente, un funcionario consular ya cuenta con la facultad de negar un visado a un solicitante no residente si sospecha que su propósito de viaje es dar a luz en Estados Unidos.
- Fecha de la firma: 6 de agosto de 2026.
- Decisión previa del Tribunal Supremo: 29 de junio de 2026, que bloqueó un decreto similar.
- Estimación citada por la Casa Blanca: 255,000 niños al año potencialmente afectados.
| Evento | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Bloqueo del decreto anterior | 29 de junio de 2026 | La Corte Suprema anuló una orden ejecutiva que buscaba suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. |
| Firma del nuevo decreto | 6 de agosto de 2026 | Trump firma una orden con medidas para negar visas y perseguir redes que facilitan el turismo de nacimiento. |
Reacciones previsibles y elementos por seguir
Aunque la Casa Blanca insiste en que la orden combate prácticas organizadas y abusa del sistema migratorio, el timing legal es relevante: el repentino regreso de la iniciativa tras el rechazo del Tribunal Supremo plantea preguntas sobre su viabilidad jurídica a mediano plazo. El fallo de la Corte en junio respaldó la interpretación estricta de la Enmienda 14 y la protección constitucional del derecho de suelo en la mayoría de los casos; cualquier nuevo intento ejecutivo podría volver a ser impugnado ante los tribunales.
Además, la medida amplía la discrecionalidad de los consulados para rechazar visas cuando existan indicios de que el viaje tiene por objeto dar a luz en Estados Unidos, lo que puede derivar en cambios operativos en misiones diplomáticas y en un aumento de negaciones consulares en solicitudes relacionadas con turismo y visitas médicas.
La evolución de este episodio requerirá atención a los recursos legales que presenten organizaciones civiles y estados, los eventuales criterios que definan “motivos para creer” en los consulados y la forma en que la administración implementará sus medidas administrativas sin contravenir la jurisprudencia y la Constitución.
El tema seguirá en la agenda pública por su combinación de efectos migratorios, derechos constitucionales y la posibilidad de nuevos litigios en tribunales federales.
